La FCC ha vetado la certificación de nuevos drones fabricados en el extranjero por riesgos de seguridad nacional, aunque no afecta a la tecnología ya vendida en el mercado. Esto obliga a España, gran importadora de estos dispositivos para agricultura y vigilancia, a pivotar hacia proveedores europeos o nacionales, protegiendo datos sensibles de ciudadanos españoles y estimulando la industria local ante la dependencia de importaciones asiáticas.